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Atención a víctimas de violencia basada en género requiere mayor articulación multisectorial y presupuesto

En 2017 se identificaron cerca de 66 mil víctimas de violencia familiar, un promedio de 180 al día. 9 de cada 10 de las víctimas fueron mujeres. Pese a los importantes avances normativos logrados desde el Estado, la respuesta pública a este problema aún no logra brindar una atención integral y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas, concluye informe defensorial sobre la implementación de Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

El estudio, titulado “La Ley N° 30364, la administración de justicia y la visión de las víctimas”, fue presentado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo del UNFPA. Ha sido elaborado en base a entrevistas realizadas al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público, Poder Judicial y usuarias del sistema de atención de víctimas de violencia en las regiones de Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín.

Muestra los desafíos para mejorar la atención a las víctimas de violencia basada en género en aspectos como las medidas de protección, el procesamiento de los casos y las sanciones a los agresores. Revela además la falta de un presupuesto adecuado para que los servicios del sistema de administración de justicia respondan de manera óptima.

La normalización de la violencia

La violencia contra la mujer es una grave violación a sus derechos humanos y en el Perú, es una práctica normalizada. “Partimos de un mundo patriarcal donde la mujer no tenía derechos. Hoy han ganado más espacios, pero cuesta trabajo y demora. No tendremos una democracia sin el respeto del derecho a la igualdad de las mujeres. El Estado debe hacer su papel”, enfatizó Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo.

Es a través del real cumplimiento de lo establecido en dicha ley que la víctima podrá acceder a una atención integral por parte de todos los sectores involucrados y se le podrá brinda atención, justicia y bienestar. “Para acortar la brecha entre lo establecido en la ley y las atenciones que recibe la víctima, es necesario dotar de suficiente presupuesto a las instituciones competentes, priorizar el desarrollo de intervenciones conjuntas y sinergias, así como fortalecer las competencias técnicas del personal a cargo de la atención de los casos”, recomendó Elena Zúñiga, Representante del UNFPA en el Perú.

El difícil acceso a la justicia

El primer servicio de atención a mujeres víctimas de violencia son las comisarías. En las dependencias de las regiones estudiadas, 4 de cada 10 encuestados de la PNP señalaron que estaban de acuerdo con la conciliación en casos de violencia contra las mujeres en una relación de pareja, pese a que no es una medida aplicable en estos casos. Como motivos, señalaron la protección de la familia y la percepción de que algunas mujeres mienten, entre otros.

El informe revela también que el 59% de las usuarias del sistema de justicia considera que las comisarías no cuentan con un ambiente adecuado para la atención de las denunciantes. Por otro lado, “un gran número de mujeres no denuncian, no acceden a justicia, sus casos no son registrados correctamente o están desaparecidas”, resaltó Eliana Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a los servicios ofrecidos por el sistema de justicia, el informe muestra que más de la mitad de jueces y juezas consideran que existen situaciones de violencia que pueden ser resueltas por la pareja mediante acuerdos de conciliación. En relación con los plazos establecidos para ofrecer medidas de protección, 4 de cada 10 funcionarios entrevistados en el Poder Judicial declararon que se cumplen con el periodo de 72 horas, mientras que 3 de cada 10 declaró que excedían los plazos debido a sobrecargas laborales.

5 recomendaciones del informe defensorial

Para combatir la violencia contra la mujer, el informe recomienda:

  • Al Ministerio de Economía y Finanzas, dotar a la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial de un presupuesto adecuado para ampliar y mejorar la calidad de la atención a las víctimas.
  • A la PNP, capacitar a todo su personal en el tratamiento e investigación de casos de violencia contra la mujer.
  • Al Ministerio Público, priorizar sus recursos económicos en ampliar y fortalecer los servicios del Instituto de Medicina Legal.
  • Al Poder Judicial, ampliar los juzgados de familia que atienden los casos de violencia y fortalecer sus labores.
  • Recordar a todos/as los/as operadores/as de justicia que el mecanismo de reconciliación no es aplicable a los casos de violencia contra las mujeres.

La presentación del informe se enmarcó en las actividades del Programa Conjunto sobre “Servicios Esenciales para mujeres y niñas sometidas a violencia” del Sistema de las Naciones Unidas, implementado en el Perú por el UNFPA, PNUD y OPS en alianza con el Estado peruano.