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Solo 1 de cada 6 personas que necesitan terapia por drogodependencia accede a tratamiento

En su informe anual la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes exhorta a aumentar las inversiones en servicios de tratamiento.

El acceso al tratamiento de la drogodependencia debe considerarse un elemento del derecho a la salud.

Viena, 1 de marzo 2018 – El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) correspondiente a 2017 advierte que, a nivel mundial, la inmensa mayoría de los consumidores de drogas carecen de acceso a tratamiento. Aun cuando se dispone de tratamiento, este es a menudo de mala calidad y podría no administrarse con arreglo a las normas internacionales.

 En el informe anual se exhorta a los gobiernos a comprometerse con el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de las personas que padecen trastornos relacionados con el consumo de drogas, prestando especial atención a las poblaciones especiales.

En palabras del Dr. Viroj Sumyai, presidente de la JIFE: “De conformidad con los tratados de fiscalización internacional de drogas, todos los Estados están obligados a adoptar todas las medidas prácticas posibles para la prevención del uso indebido de sustancias y la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas” [cita traducida].

La “brecha mundial del dolor”

La JIFE subraya asimismo que, como parte de la labor encaminada a garantizar el acceso a los servicios de salud, se impone la necesidad urgente de colmar la “brecha mundial del dolor” y eliminar las disparidades mundiales en lo que respecta al acceso a estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización con fines médicos y científicos.

Esas disparidades afectan de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medianos de todo el mundo en los que el acceso a estupefacientes y sustancias sicotrópicas fiscalizadas es inadecuado.

La Junta insiste en que los Estados deben adoptar medidas urgentes para corregir ese desequilibrio, eliminando para ello los obstáculos jurídicos y normativos que impiden el acceso a los medicamentos y, ante todo, creando conciencia y fortaleciendo la capacidad de los profesionales de la salud y las autoridades nacionales pertinentes.

Esto supone, entre otras cosas, asegurar el acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento de la drogodependencia. La imposición de restricciones indebidas a la administración del tratamiento con medicamentos fiscalizados es contraria a los principios del derecho a la salud.

El uso terapéutico de los cannabinoides

Cada vez es mayor el número de Gobiernos que autorizan el uso de cannabinoides con fines médicos. Ese uso está permitido con arreglo a la Convención de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972, siempre que se cumplan varias condiciones. Si bien hay indicios de que algunos derivados cannabinoides podrían utilizarse para tratar determinadas afecciones, no hay ninguna certeza acerca de la composición de esos medicamentos (principio activo y posología), su forma farmacéutica, las vías de administración o los efectos secundarios.

La Junta querría recordar a los Gobiernos que para determinar la utilidad de un medicamento hay que tener en cuenta la relación entre el riesgo y el beneficio. La eficacia terapéutica y la seguridad son condiciones básicas que deben verificarse antes de que el medicamento reciba la autorización pertinente y se comercialice.

La Junta recomienda que los Gobiernos que estén considerando la posibilidad de autorizar el uso del cannabis con fines médicos examinen los resultados de los estudios y ensayos científicos y se aseguren de que esos medicamentos sean prescritos por personal médico competente y bajo supervisión facultativa.

Perú

En el caso del Perú, la JIFE destacó la Ley No. 30681, recientemente aprobada, por medio de la cual se regula el uso del cannabis exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos, recordando que toda medida que permita el uso del cannabis con fines no médicos contraviene las Convenciones de 1961 y 1988. De igual modo, tomó nota de la superficie cocalera reportada el año 2016 (40,300 ha). Sin embargo, debe considerarse que en diciembre del 2017 DEVIDA y la UNODC reportaron un incremento del 9%. Así, la siembra ilegal se ha elevado a 43,900 ha. Se espera que esta tendencia no afecte el franco descenso del último quinquenio y que el gobierno tome las medidas adecuadas para retomar el liderazgo en esta política pública.

Colombia: incremento del espacio cocalero y nuevos retos del gobierno

La superficie cultivada con arbusto de coca en Colombia aumentó en más del 50%: de 96,000 ha en 2015 a 146,000 en 2016. Este dato es sumamente preocupante tanto por la producción potencial de cocaína, que se va a incrementar notoriamente, como por el control de insumos químicos, la proliferación de las grandes redes del narcotráfico que se benefician con este negocio ilícito y la afectación a la diversidad biológica de la región.

Pese al incremento detallado, se abre una luz en Colombia tras el Acuerdo de Paz, que contiene un capítulo sobre la solución del problema de las drogas ilícitas. Fruto de ello Colombia suscribió con UNODC un histórico convenio, por más de 300 millones de dólares, para dirigir un inédito programa de desarrollo alternativo y seguimiento a las políticas de reducción de cultivos y desarrollo rural.

La crisis de los opioides en los Estados Unidos

En los Estados Unidos se ha producido una preocupante alerta de salud pública debido a la llamada la “epidemia de los opioides” y al uso indebido de los fentanilos que, muchas veces prescritos masivamente por los médicos, son posteriormente usados sin el debido control, habiéndose elevado exponencialmente el número de muertes por su uso indiscriminado. En este país la sobredosis de opioides se ha cuadruplicado desde 1999. Solamente en el 2016 se produjeron 64,000 muertes por sobredosis de drogas, llegando a un promedio de 142 muertes por día.

El abuso de los medicamentos sujetos a prescripción médica se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores retos de salud pública de los Estados Unidos. La situación se agrava aún más en vista de las agresivas campañas de promoción de medicamentos que contienen opioides dirigidas por la industria farmacéutica al público en general y a los profesionales médicos. Ello ha determinado que en octubre del 2017 el presidente de los Estados Unidos declare una emergencia nacional de salud pública para hacer frente a la crisis de sobredosis opioides. Los cinco estados que presentan las tasas más altas de muerte por sobredosis son Virginia, New Hampshire, Kentucky, Ohio y Rhode Island.

FIN DE LA NOTA

 Informe en español disponible en:

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2017/Annual_Report/S_INCB_AR_ebook.pdf